María Paula Romo dice que irá a su juicio político
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó el 18 de noviembre del 2020 que comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defender su actuación en las protestas de octubre del año pasado, dentro del juicio político previsto para el 24 de noviembre del 2020.
El proceso se basa en un informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó su censura y destitución por un supuesto incumplimiento de funciones en el uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía, para repeler las protestas.
“Como se fundamente la decisión del lado de la Asamblea, será responsabilidad” de esta Función del Estado, dijo Romo, quien también enfrenta acusaciones de asambleístas opositores sobre supuestos repartos de hospitales públicos, pero que no constan como causales de este proceso de interpelación.
“No están todos los motivos de quienes buscan mi salida del Ministerio de Gobierno, no son motivos que están escritos en el juicio político, así que creo que la motivación sobre esa votación tampoco va a depender de mi argumentación. Sin embargo, mi obligación como funcionaria es responder a cualquiera de las acusaciones, como lo hice en su momento ante la Comisión de Fiscalización y lo volveré a hacer ante el Pleno”, dijo.
Para una eventual censura y destitución se requieren de las dos terceras partes del Pleno (91 votos), algo que ninguna fuerza política reúne, a pocos días del proceso. La Secretaria de Estado dijo que acatará la decisión que tome el Parlamento.
“Nosotros no hemos desafiado nunca una decisión de una Corte, no hemos enfrentado nunca a la decisión de una autoridad que actúe en el ámbito de sus competencias, así que la línea del Gobierno sigue siendo la misma: respetar la decisión que tome cada órgano”, puntualizó.
Sus declaraciones se dieron ayer en la mañana, en la entrega de cooperación de la Embajada de Francia a la Policía Nacional.
El juicio político lo impulsan los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, exCreo, y la correísta Amapola Naranjo, quienes hace un año impulsaron otros dos pedidos de interpelación contra la funcionaria que terminaron en el archivo de la Comisión de Fiscalización por falta de sustento.
