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15 de mayo de 2020 10:31

Frene la violencia contra niños

Voluntarios entregan información sobre prevención de la violencia intrafamiliar.

Voluntarios entregan información sobre prevención de la violencia intrafamiliar. Foto: Cortesía World Vision

Ana Guerrero

Tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes reciben castigo físico por parte de sus padres, en Ecuador. Seis de cada 10 víctimas de abuso sexual son menores. Cuatro de cada 10 personas en casas de acogida ingresaron por negligencia en su cuidado.

Esas son algunas de las cifras difundidas por Aldeas Infantiles SOS, que dan cuenta de una problemática vigente que aqueja a los más pequeños de la casa y que no ha desaparecido durante la cuarentena por el covid-19.

En Quito, el ECU-911 ha registrado 3 439 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar, entre el 12 de marzo y el 13 de mayo. De estas, 2 374 se refieren a violencia psicológica contra la mujer u otro miembro de la familia y 513 por agresiones físicas. Además, nueve fueron por violencia de tipo sexual y 543, de diversos tipos.

Las víctimas, los familiares o incluso los vecinos pueden llamar al 911 para denunciar, también al 1800-DELITO o a través de la aplicación móvil ECU-911 opción 4, violencia intrafamiliar.

Hay algunas propuestas para hacerle frente a esta tragedia y más aún hoy, que se conmemora el Día Mundial de la Familia. Como apuntan desde las Aldeas, paradójicamente, es un día que se conmemorará en medio de un escenario donde la violencia intrafamiliar se ha incrementado por la cuarentena. Así que apuestan por exigir medidas que garanticen el derecho a hogares libres de violencia para los niños del país.

El estudio ‘Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador’, realizado en el 2019 por la fundación World Vision, junto a otras organizaciones, da cuenta de que tres de cada 10 niños y niñas reciben castigo físico por parte de sus padres. Los principales son: golpes, encierro, baños de agua fría, expulsión de casa, privación de comida, insultos y burlas.

El estudio revela que los menores de entre 5 y 11 años son los más agredidos en sus hogares.

Sobre el abuso sexual, el 55,5% de las familias toma medidas para evitar que el hecho se repita y solo el 15% lo denuncia.

Durante el confinamiento se han registrado siete homicidios y 10 suicidios de niños y adolescentes, en todo el país, según datos recogidos por el Consejo de Protección de Derechos de Quito.

Desde World Vision se plantean rutas de denuncia y se activó en 554 comunidades a escala nacional una figura de voluntario comunitario. La misión: ser la persona de confianza de su comunidad para receptar denuncias de las familias y remitirlas a las autoridades competentes.

Ya son 264 voluntarios que están monitoreando activamente a niños, adolescentes y sus familias. Lo hacen de la mano de promotores de programas de área de la organización. A la par, 163 líderes locales, organizaciones religiosas e iglesias participan en actividades de monitoreo de hogares. La premisa es precautelar el bienestar y dar seguimiento.

La organización detalla que, a través de esa modalidad, 30 casos han sido identificados, abordados y acompañados o remitidos a las respectivas entidades.

En cuanto al Municipio, la Casa de la Mujer recibe a madres con sus hijos, que hayan sido víctimas de violencia y cuya seguridad esté en peligro en caso de quedarse en su vivienda.

Según el Patronato San José, actualmente hay una niña de 7 años, una de 3, dos más de 2, otra de 8 meses. También son atendidos dos niños de 12 años, un niño de 4, uno de 3 y otro de 2 meses. Todos con sus madres. Puede comunicarse al 099 696 1411.

Además, se puede recibir la guía de los Centros de Equidad y Justicia, así como las Juntas Metropolitanas. Algunas atenderán de forma presencial en los próximos días. Estará pilas.

Aldeas Infantiles cuenta con seis casas de acogida en Quito. Sin embargo, los niños son derivados por la justicia, no pueden llevarlos directamente.

Desde World Vision, a la vez, se pide a los gobiernos, a los organismos no gubernamentales y a las autoridades realizar intervenciones en el ámbito de la protección infantil y apoyo en salud mental y psicosocial. Se debe, dice, destinar fondos para el apoyo y fortalecer el sistema de justicia.