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17 de octubre de 2019 12:51

Resucitó, resucitó... la Asamblea tras el paro

Los asambleístas analizaron el paro y las movilizaciones indígenas que duraron 11 días. Foto: Vicente Costales / ÚN

Los asambleístas analizaron el paro y las movilizaciones indígenas que duraron 11 días. Foto: Vicente Costales / ÚN

Redacción Política
(I)

La Asamblea Nacional dejó el descanso que se autoimpuso por el paro que protagonizó el movimiento indígena, desde hace 12 días.

La jornada estuvo marcada por el inicio de un juicio político, la comparecencia de un ministro y una denuncia en contra del prefecto de Azuay, Yaku Pérez.

Ayer, 16 de octubre del 2019, sesionaron tanto la Comisión de Fiscalización como la de Relaciones Internacionales. En la primera, se admitió a trámite el pedido de juicio político de la asambleísta Lira Villalva (exAP) en contra de los exmiembros del Consejo de la Judicatura Transitorio, por supuesto incumplimiento de funciones e injerencia en las decisiones de los operadores de justicia.

En la Comisión de Relaciones Internacionales compareció el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Presentó un informe sobre la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos, por parte de la empresa de marketing Novaestrat.

A su salida, Michelena desmintió que el Gobierno haya aplicado una censura a plataformas de Internet en Ecuador, durante las manifestaciones”. “Censura es imposible que sea, simplemente es el tema tecnológico. Solo el 50% de ecuatorianos accede a tecnología 4G y cuando estamos en zonas pobladas o zonas donde demanda mucha información, a veces la señal se cae”, explicó.

Por otra parte, el asambleísta Fabricio Villamar (Ahora), acudió ayer, 16 de octubre, a la Fiscalía General del Estado para pedir que se inicie una investigación previa en contra del prefecto del Azuay, Yaku Pérez.

Entre otras acciones, Villamar acusa a Pérez de participar en la toma del Palacio Legislativo, que se dio el 8 de octubre pasado, en medio de las manifestaciones protagonizadas por el movimiento indígena.

Villamar se basa en videos del sistema de vigilancia del Parlamento y en declaraciones en las que el Prefecto habla de que la intención era instalar “un parlamento popular de los pueblos” en la sede de la Legislatura.