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12 de septiembre de 2019 11:46

'Permiso de tránsito' para ciudadanos  venezolanos en Ecuador

El canciller José Valencia precisó que se trata de "un permiso que existe" y que "hay muchas personas que vienen en tránsito en Ecuador". Foto: EFE

El canciller José Valencia precisó que se trata de "un permiso que existe" y que "hay muchas personas que vienen en tránsito en Ecuador". Foto: EFE

Agencia EFE

Ecuador permitirá el paso por su territorio de emigrantes venezolanos que dispongan de visados para terceros países, anunció el 11 de septiembre del 2019 el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana José Valencia.

El Canciller explicó en una entrevista que estos emigrantes podrán acogerse a un "permiso de tránsito", que ya está habilitado en las terminales fronterizas y que solo se podrá obtener presentado la correspondiente visa a un tercer país.

Este permiso, que es "gratuito", concede al emigrante la posibilidad de circular libremente por el territorio ecuatoriano durante un período de 10 días con el fin de llegar a su destino.

"Este permiso está vigente en general para todos los extranjeros que se encuentran en tránsito para otro país, pero de manera particular, habida cuenta de las circunstancias que conocen, estamos precisando que los venezolanos que van en tránsito a otro país también pueden acceder a ese permiso", afirmó Valencia.

Precisó que se trata de "un permiso que existe" y que "hay muchas personas que vienen en tránsito en Ecuador", como aquellos pasajeros que no salen de un aeropuerto cuando su destino es otro país.

Sin embargo, aclaró que la Cancillería ha expedido "una específica directriz recordando a las autoridades de control migratorio, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, que los venezolanos que vayan a un tercer país y que presenten las visa de ese país pueden obtener un permiso de tránsito del Ecuador que les permita llegar".

En los últimos dos años han pasado por Ecuador más de un millón de emigrantes venezolanos, de los cuales unos 400 000 se han radicado en el país con un coste social y económico altísimo para el Gobierno, unos USD 77 millones en 2018 y más de 120 millones previstos para 2019.