placeholder
Las Últimas
15 de octubre de 2019 09:26

El pasaje en Quito vuelve a USD 0,25 

La decisión revierte el incremento del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovincial y de USD 0,10 adicionales en los pasajes del transporte intracantonal y urbano. Foto: archivo / ÚN

La decisión revierte el incremento del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovincial y de USD 0,10 adicionales en los pasajes del transporte intracantonal y urbano. Foto: archivo / ÚN

Redacción Últimas Noticias
y AFP

La derogatoria del decreto 883 también deja “insubsistente” el incremento de las tarifas de transporte público en Ecuador, por lo que desde las 00:00 de este martes 15 de octubre del 2019 el precio de los pasajes vuelve a ser el mismo que estaba vigente antes del 9 de octubre de este año.

Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) señaló que las resoluciones 77 y 81 quedan insubsistentes, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 894, con el que el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó la eliminación del subsidio a las gasolinas.

Con esta decisión, la ANT revierte el incremento de 32% en las tarifas del transporte intra e interprovincial, así como de 10 centavos en el transporte urbano

La decisión se formalizará durante la sesión ordinaria del Directorio que realizará esa entidad este 15 de octubre.

Con esta medida, el costo del pasaje en Quito vuelve a 0,25 centavos, mientras que la tarifa para sectores preferenciales como ancianos, niños y personas con discapacidad se mantuvo reducida porque en esos segmentos no hubo incremento.

La Presidencia de la República señaló que personal de la ANT, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizarán controles en las 62 terminales terrestres del país, "con el fin de verificar que las operadoras de transporte cobren la tarifa establecida”.

El presidente Lenín Moreno derogó ayer, 14 de octubre del 2019, el decreto 883 que desató desde el 3 de octubre las protestas, que durante 11 días dejaron ocho fallecidos, según la Defensoría del Pueblo, así como millonarias pérdidas económicas.