Organizaciones piden observar el debido proceso en casos relacionados con las protestas
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador alertaron el 16 de octubre del 2019 sobre eventuales violaciones al debido proceso por parte de los operadores de justicia en torno a casos relacionados con las protestas que se iniciaron el 3 de octubre y se extendieron durante 11 días.
Las organizaciones Surkuna, Inredh, Amazon Frontlines, Comité Permanente de Derechos Humanos, Idea Dignidad y la Comisión Ecuménica de DD.HH. suscribieron una carta pública en la que alertan sobre los inconvenientes que dicen haber detectado.
Además, instaron a "los organismos internacionales de protección de derechos humanos para que, dentro de sus facultades, adviertan al Estado ecuatoriano sobre su obligación de actuar de acuerdo con estándares internacionales" sobre la aplicación de la justicia y del debido proceso.
#SOSEcuador | Organizaciones de #DDHH exigen al poder judicial actuar con independencia, garantizar el debido proceso y la objetividad en las investigaciones en el marco del #ParoNacionalEc.
— Cedhu (@cedhu) October 16, 2019
.@CIDH @FiscaliaEcuador @Almagro_OEA2015 @mariapaularomo @CorteConstEcu @DefensaEc @Lenin pic.twitter.com/2ywbpns2xr
Los grupos firmantes condenaron de forma "enérgica" varias "violaciones sistemáticas y generalizadas que se han presentado" en el ámbito de las protestas sociales y el estado de excepción aplicado por el Gobierno para intentar controlarlas.
Durante los 11 días que duraron las manifestaciones "registramos hechos relativos a detenciones arbitrarias e ilegales, graves violaciones al debido proceso de varias personas en contexto de protesta social, por ejemplo, la negativa judicial a recibir recursos jurisdiccionales de hábeas corpus", asegura el texto difundido la tarde de ayer.
Además, advirtieron de casos de "incomunicación de detenidos" con sus abogados y familiares, traslado de detenidos a establecimientos militares o policiales y falta de tiempo para el ejercicio de una eficaz defensa, entre otros.
También denunciaron la "inobservancia del principio de mínima intervención penal respecto de conductas que no constituyen delitos, en especial la protesta social y los derechos de reunión y asociación".
"Queremos llamar la atención sobre la importancia de garantizar en todo momento y a toda persona su derecho humano y constitucional al debido proceso conjuntamente con todas sus garantías", apuntaron las organizaciones.
Recordaron que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se ha pronunciado sobre los principios del debido proceso legal, en el sentido de que estos "no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción".
Por esas razones, hicieron "un llamado urgente al poder judicial para que mantenga su independencia en todas las actuaciones procesales en las que deba intervenir",.
Además, recalcaron que "la represión generalizada en contexto de protesta social ha sido debidamente denunciada por varios actores", incluido organismos como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras.
El lunes 14 de octubre del 2019, después de que el Gobierno aceptara el pedido de los movimientos indígenas de derogar el Decreto 883, la Defensoría del Pueblo presentó un informe con registros de ocho muertes en el país, en el contexto de las protestas.
Sin embargo, el martes 15 la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que en los registros de la Cartera de Estado había seis fallecidos y todos por causas “accidentales”: un atropellamiento y cinco precipitaciones (caídas).
Ayer, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó el informe: “Hemos documentado que ocho personas murieron en el contexto de las protestas sociales”.
