Ministro de Minería renuncia a cinco días de la consulta
El ministro de Minería, Javier Córdova, renunció este 30 de enero del 2018, informó el Gobierno, sin precisar los motivos de su decisión, que tiene lugar días después de que grupos ecologistas e indígenas exigieran su salida del cargo y en vísperas de la consulta popular en la que se abordará el tema minero.
En un comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación indica que el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia del titular de Minería. "La administración del presidente de la República ratifica su compromiso de impulsar y garantizar el desarrollo de la actividad minera mediante el aprovechamiento responsable y soberano de los recursos minerales con respeto a los principios socioambientales", dice la nota de prensa oficial.
La renuncia de Córdova ocurre cinco días antes de la consulta popular en Ecuador, una de cuyas preguntas hace referencia a que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
Una restricción que en principio no busca limitar la industria de la extracción de minerales, sino solo regular el sector y proteger ciertas áreas, dijo a Efe el ministro de Medio Ambiente, Tarsicio Granizo.
Desde que asumió en mayo sus funciones, Córdova, que ya había ocupado el cargo en el anterior Gobierno de Rafael Correa, se puso como meta fomentar la minería y conseguir que hasta 2021 represente un 4% del PIB, en lugar del 1,3% actual.
Las principales organizaciones indígenas y ecologistas de Ecuador se movilizaron el pasado jueves en Quito para pedir el fin de la actividad de exploración y explotación mineras y que el presidente cumpla su compromiso de no otorgar más concesiones.
De acuerdo con representantes de organizaciones ecologistas consultadas por Efe, el Catastro Minero a fecha del pasado 3 de enero, recoge en contra de la promesa presidencial, que se han aceptado aproximadamente 70 000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos mineros.
En el centro de la polémica se encuentran seis proyectos de envergadura que se encuentran en proceso de explotación y que, según los denunciantes, han provocado "graves violaciones de los derechos humanos y la naturaleza, que van desde contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzosos y asesinato".
La pregunta referente a la minería y que requiere enmendar la Constitución a fin de paralizar las actividades en las áreas contempladas ha sido acogida con reservas por grupos ecologistas e indígenas, que afirman que podrían eventualmente realizarse en otro tipo de terrenos como bosques protectores y zonas que excluye la consulta.
Señalan que la actividad minera está "envuelta" por un halo de oscurantismo y no lo suficientemente regulada o supervisada por las autoridades, y afecta negativamente a las poblaciones autóctonas, así como a los recursos naturales, flora y fauna.
