Temer, de vuelta al campo minado de la política brasileña
Michel Temer regresó de una gira por Rusia y Noruega plagada de desencuentros para entrar en un campo político minado, que podría convertirlo esta semana en el primer presidente brasileño en ser inculpado formalmente por corrupción.
El mandatario fue plantado en el aeropuerto de Moscú por el presidente Vladimir Putin y sus contactos con empresarios rusos no dieron lugar a ningún contrato. Y en Oslo, el gobierno noruego anunció un recorte sustancial de su apoyo contra la deforestación de la Amazonía ante el aumento del agronegocio y expresó su preocupación por la corrupción en Brasil.
Una realidad de la que Temer tal vez esperaba distanciarse durante su viaje, pero que le esperaba de vuelta en Brasil.
Entre el lunes y el martes el fiscal general, Rodrigo Janot, debería presentar una o más denuncias contra el presidente dentro de su investigación por corrupción, obstrucción a la justicia y organización criminal.
Aunque todavía se desconoce la gravedad de su contenido, Temer -con una popularidad de apenas 7%- deberá lidiar con su impacto judicial y con la amenaza de una erosión mayor de su base oficialista.
Desde que a mediados de mayo salió a la luz una grabación donde parece dar aval al pago de un soborno, el presidente conservador ha ido sorteando obstáculos: superó un juicio en el tribunal electoral que podía haber anulado su mandato y ha logrado contener la deserción de su principal socio de gobierno, el PSDB.
Pero durante su accidentada gira, el principal argumento de su defensa se desvaneció.
La Policía Federal concluyó el viernes (23 de junio) la pericia de la famosa grabación y trascendió que el audio no estaba editado ni manipulado, como había denunciado el mandatario.
¿Una cuestión de números?
La Constitución establece que, cuando un presidente es denunciado, dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo pueda procesar. Si es ocurre, el jefe de Estado quedaría formalmente imputado y debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la corte suprema trata el caso.
Sería la segunda crisis de poder en poco más de un año en Brasil ya que Temer, que era vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, asumió el cargo en mayo de 2016 tras el impeachment a la presidenta por manipulación de las cuentas públicas.
Ese escenario parece actualmente improbable, dado que el presidente tiene mayoría en la Cámara.
Además, “hay muchos legisladores involucrados en casos de corrupción y eso crea una red de solidaridad”, dijo a la AFP Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco.
“ Estamos viviendo una situación parecida a la de Dilma al inicio del proceso de impeachment. Temer ya no tiene una mayoría sólida en el Congreso, pero la oposición aún no tiene la fuerza suficiente para apartarlo ” , agregó.
Pero “ya no basta saber si el presidente sigue teniendo fuerza en la Cámara (...), sino si su esfuerzo cada vez mayor para mantenerse en el poder no perjudicará aún más el país, inviabilizando las reformas que son la única razón de ser de su gobierno” , escribió este fin de semana el columnista Merval Pereira, del diario O Globo.
Temer, del PMDB (centroderecha) , prometió sacar a Brasil de la peor recesión de su historia a través de una serie de impopulares reformas de austeridad, pero la del mercado laboral y el sistema de jubilaciones -ansiadas por el mercado- están trabadas en el Congreso desde que estalló la crisis.
El papel del PSDB
El presidente se presenta como el único capaz de llevar adelante la aprobación de esas polémicas reformas y, apoyándose en la tímida recuperación económica, promete acabar el mandato hasta finales de 2018.
Las elecciones generales previstas para octubre del año que viene son, de hecho, el factor que muchos parlamentarios y partidos tienen en mente.
Si estar junto a Temer es visto como un salvavidas para buena parte de la clase política sospechosa de corrupción, también puede resultar tóxico para quienes tengan aspiraciones electorales.
En ese dilema está desde hace semanas el partido PSDB (centroderecha) .
“Sin el apoyo del PSDB, la gobernabilidad deja de existir. Esto es un hecho, la solidez (del gobierno) está comprometida” , advertía el sábado el alcalde de Sao Paulo, Joao Doria, uno de los favoritos de ese partido para las presidenciales.
Pero las cosas tampoco son evidentes para la oposición de izquierda, dado que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está también en la mira de la justicia por corrupción y podría ser condenado a prisión próximamente por el juez de primera instancia Sergio Moro.
