Medidas contra policías involucrados en nuevo caso de cobros a aspirantes

Según las primeras investigaciones, los sospechosos supuestamente tenían toda una estructura para modificar las pruebas de ingreso a la institución policial. Foto: Referencial

Redacción Guayaquil

El ministro del Interior, César Navas, señaló la mañana de este jueves 26 de octubre del 2017 que en el nuevo caso vinculado a irregularidades en el proceso de selección de nuevos agentes de la Policía Nacional, hay uniformados en servicio activo, pasivo y servidores públicos.

Según el titular de esa cartera de Estado, estas personas receptaban dinero para cambiar las pruebas de ingreso de los aspirantes. Aunque no dio más detalles del modo operandi y cantidad de detenidos, afirmó que el delito es estafa y concusión.

“Han afectado a aspirantes y sus familias, pero ya en las pruebas médicas. Desafortunadamente hay que decirlo, pero lo decimos con mucha altivez y el mando policial respalda estás acciones totalmente, no vamos a permitir que malos elementos estén en las filas de la institución”, refirió.

Según Navas, los malos elementos serán separados de forma inmediata y recordó que ya hay un proceso judicial “por el cual ellos deberán responder”.

Esta reacción surgió en el marco de la sesión del Comité Provincial de Seguridad que sesionó en Guayaquil. Allí fue consultado sobre el operativo denominado Águila que ejecuta la Fiscalía desde la madrugada de este 26 de octubre del 2017.

Esto en contra de una presunta red delictiva que alteraba las pruebas para el ingreso de aspirantes a la Policía. Los investigadores allanaron viviendas, oficinas y consultorios. 11 fiscales participaron en esta incursión.

Según las primeras investigaciones, los sospechosos supuestamente tenían toda una estructura para modificar las pruebas de ingreso a la institución policial. Hasta el momento hay 10 detenidos y se los indaga por asociación ilícita.

Navas recordó que días atrás se desmontó una red integrada por 17 personas, vinculada también a irregularidades en el proceso de selección de nuevos agentes de la Policía. El ilícito se registró en Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo y Tungurahua.

En este caso los procesados pedían dinero para garantizarles a los aspirantes un cupo en la Policía. Los cobros iban desde USD 200 al iniciar el proceso y al concluir debían pagar una cifra que llegaba hasta USD 2 000.