Mae Montaño: La Asamblea quiere blindarse
Los requisitos para la sanción y destitución de asambleístas están en juego dentro del proyecto de reformas a la Ley Legislativa, cuyo segundo debate se retomó ayer, 11 de febrero del 2020, en el Pleno.
La asambleísta independiente Mae Montaño no se anduvo por las ramas y dijo que el documento incluye un “blindaje” para los integrantes del Parlamento.
“En este momento en que vuelve al debate el hecho de que se presume que asambleístas les robaron parte de su sueldo a sus colaboradores, ¡cómo es posible que nos burlemos de la gente para decirle que ahora para destituir a ese asambleísta necesitamos dos tercios de los votos!”, increpó la legisladora.
Ese requisito equivale a 91 votos del Pleno y representa un incremento si se toma en cuenta que para separar a las asambleístas Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo) se requirió de la mayoría absoluta (70 votos) entre 2018 y 2019, aunque entonces se identificó un vacío en la Ley vigente.
“Conseguir 91 votos en este ambiente de mayorías que se acomodan de acuerdo a sus intereses va a ser imposible”, apuntó la asambleísta Montaño.
El socialcristiano Henry Cucalón, quien fue otro de los 20 legisladores que participaron del debate, también puso reparos a ese planteamiento.
La discusión de esta reforma coincide con el trámite de una denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) en contra de Karina Arteaga (AP), a quien acusa de gestionar cargos públicos y de cobros indebidos a sus colaboradores.
Aunque Arteaga calificó de “falacias” a las acusaciones, Villamar pidió que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) apruebe la conformación de una Comisión Multipartidista para que investigue estos actos.
La oficialista Ximena Peña, ponente del proyecto, resaltó que en la reforma se precisa como causal de destitución la recepción de contribuciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo, es decir, los llamados “diezmos”.
