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28 de enero de 2020 11:03

Jaime Vargas dice que el diálogo ‘no va más’

Jaime Vargas estuvo ayer, 27 de enero del 2020, en Morona Santiago. Foto: cortesía Conaie

Jaime Vargas estuvo ayer, 27 de enero del 2020, en Morona Santiago. Foto: cortesía Conaie

Redacción Política
(I)

La posibilidad de lograr un acercamiento entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se aleja cada vez más.

Ayer, 27 de enero del 2020, Jaime Vargas aseguró que mientras siga al frente de esa organización “no habrá ningún diálogo con este Gobierno ni con sus ministros” de Estado.

El anuncio lo hizo en la segunda asamblea del Parlamento de los Pueblos, efectuada en Morona Santiago.

En estos encuentros, la dirigencia de los indígenas difunde la propuesta económica que el Parlamento de los Pueblos, articulado alrededor de la Conaie, entregó al Gobierno a finales del 2019. En la cita también se condenó el ataque a la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Fisch).

A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) anunció que dicho ataque se habría producido la madrugada del domingo 26 de enero, en Sucúa. “Cerca de 80 personas desconocidas habrían destruido la puerta principal de las oficinas administrativas afectando los espacios donde funcionan Tierra, Comunicación, Tesorería y la cabina de Radio Arutam”, reza el texto.

Para poner fin al paro nacional de octubre, el Gobierno y la Conaie acordaron iniciar un proceso de diálogo para definir una nueva política de subsidios a los combustibles, luego de que se diera de baja el Decreto 883.

El proceso no prosperó y el Gobierno se ha reunido con aproximadamente 300 representantes de otras organizaciones indígenas y sociales del país, en los últimos tres meses.

La Conaie anunció la posibilidad de entablar una demanda contra el Estado, por un presunto uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones.

Ayer, 27 de enero, Vargas mostró su respaldo a Radio Pichincha Universal, medio público de la Prefectura cuyo título habilitante fue cancelado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado durante el paro.