Sofía Espín, procesada por tráfico de influencias
La Fiscalía formuló cargos contra la exasambleísta Sofía Espín, que pertenecía al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y a la abogada Yadira Cadena por un presunto delito de tráfico de influencias.
El Ministerio Público opinó que Espín y Cadena visitaron a una testigo protegida, Diana Falcón, para presuntamente "ofrecerle su ayuda a cambio de que se retracte" de una versión que implicaba al expresidente Correa en un caso de secuestro en 2012 contra el político opositor Fernando Balda, según precisó la Fiscalía en un comunicado.
El juez nacional de Garantías Penales, Iván Saquicela, impuso a ambas acusadas la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante la autoridad competente en el lugar de su residencia, como medidas cautelares.
En la formulación de cargos, la Fiscalía explicó que Yadira Cadenas "habría ofrecido sus servicios o el de un profesional del bufete en el que trabaja" a Falcón, ya que consideraba que su defensa no era adecuada.
Por su parte, Sofía Espín "aparentemente ofertó tramitar la ayuda correspondiente con la ONU y asilo en Bélgica a ella y a su familia, a cambio de que declare a favor del expresidente de la República".
Para probar esto, se presentaron 22 elementos de convicción entre declaraciones de agentes y del psicólogo de la cárcel de mujeres en la que se encuentra la testigo, así como oficios del Ministerio de Justicia y videos que evidencian que las dos acusadas visitaron la prisión un día antes de que la audiencia preparatoria para el juicio por el presunto secuestro de Balda se reinstalara.
La instrucción fiscal del caso, apuntó el comunicado de Fiscalía, tardará 90 días.
La Asamblea de Ecuador (Parlamento) destituyó en noviembre como legisladora a Sofía Espín como sanción por la visita que realizó, en una prisión, a la testigo del caso de secuestro de Fernando Balda, en el que ha sido llamado a juicio el expresidente Correa.
El caso Balda, que entrará próximamente en la fase de juicio, está relacionado con el secuestro de ese político opositor al régimen de Correa en Colombia en el año 2012, un episodio que, según la Fiscalía, fue ejecutado por la Inteligencia ecuatoriana con órdenes desde la Presidencia.
Tanto Espín como Cadena niegan las acusaciones y, aunque admiten haber visitado a la testigo protegida para verificar su situación humanitaria en la cárcel, aseguran que todo es una persecución de enemigos políticos del correísmo.
