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11 de marzo de 2019 10:46

Fiscalía indaga presunta estafa en el Municipio de Quito

Imagen referencial. En el proceso de regularización de taxis, 12 905 personas fueron calificadas idóneas. Foto: archivo / ÚN

Imagen referencial. En el proceso de regularización de taxis, 12 905 personas fueron calificadas idóneas. Foto: archivo / ÚN

Redacción Últimas Noticias
(I)

La Fiscalía de Pichincha formuló cargos contra Ana Mercedes P. Según la institución, se trataría de una funcionaria de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito. Se la acusa de estafa.

De acuerdo con la información de la institución de justicia, la mujer habría recibido más de USD 70 000 por legalizar compañías de taxis que operaban ilegalmente en la capital.

Se informó que la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el pasado viernes 8 de marzo del 2019. El fiscal Fabián Salazar presentó 50 elementos de convicción. Entre estos constan un informe de seguimientos y vigilancias a la procesada, escuchas telefónicas, fotografías, grabaciones de audio y video, partes policiales y versiones de los perjudicados.

Además, entre las pruebas se encuentran certificados de dos entidades bancarias. En estas, supuestamente, se depositaba la plata. Se incluye también una certificación del Municipio de Quito que avala la calidad de funcionaria de la implicada, al menos así lo indicó la institución de justicia.

La Fiscalía informó que en la audiencia de formulación de cargos, la jueza Irene Pérez dictó medidas de aseguramiento contra la acusada, como la prohibición de ausentarse del país y de presentarse periódicamente ante la Fiscalía que está a cargo del proceso.

La instrucción fiscal durará 90 días. La Fiscalía asegura que se llegó a determinar que el 28 de septiembre del 2017, Ana Mercedes P., se habría contactado con dos ciudadanos para decirles que ella puede ser el nexo para legalizar las compañías de servicio de taxis. Con este objetivo, habría solicitado USD 500 por cada persona.

Los mismos perjudicados son los denunciantes. Los ciudadanos habrían recogido entre sus socios la cantidad de USD 72 000, dinero que aseguran haber depositado, en diferentes fechas, en las cuentas bancarias de la mujer. Todo con tal de recibir un documento para, aparentemente, conseguir el aval para legalizar las compañías de taxis. No obstante, naranjas que les llegó el papel.

De acuerdo con el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el delito de estafa se sanciona con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

El 27 de febrero, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Julio Puga, indicó que durante el proceso de legalización de taxis que lleva a cabo el Municipio de Quito se encontraron seis casos de los denominados “idóneos que fueron entregados de manera fraudulenta”. Dos de estos fueron presentados por el Municipio en la Fiscalía. Y cuatro personas han presentado denuncias de forma particular al sentirse estafados.

En esa ocasión, el funcionario aseguró que están tratando de verificar de dónde viene la anomalía. “Entendemos que hay alguna red que está metida en todos los niveles”, dijo.