57 dedos apuntan al cura Tuárez
Las cosas se complican para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Tuárez.
El 8 de julio del 2019, Fabricio Villamar, de Creo, presentó una solicitud para que sea sometido a un juicio político.
Villamar enumeró cuatro causales, entre ellas que Tuárez carece de la probidad necesaria para este puesto y que ha incumplido la Ley Orgánica del Cpccs que impide a representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros de esta entidad.
La solicitud cuenta con 57 firmas de respaldo, en su mayoría, de asambleístas de Creo y Suma. También del Partido Social Cristiano (PSC), de asambleístas independientes, y hasta de unos cuantos del movimiento Alianza País (AP).
“El hecho de que inicie un juicio político no quiere decir que va a terminar siendo sancionado”, dijo la oficialista Elizabeth Cabezas, quien firmó la solicitud.
Mientras, su coideario Jorge Corozo se retractó y le pidió a Villamar que retirara la suya del documento.
En tal caso, el número de firmas que Villamar adjuntó en la solicitud excede en 22 a las que requiere la Ley Orgánica de la Función Legislativa para un proceso de este tipo.
La socialcristiana Cristina Reyes y Patricio Donoso (Creo), integrantes del CAL, concordaron en que Tuárez faltó el respeto a la Asamblea, cuando la semana pasada se negó a dar explicaciones a la Comisión de Participación Ciudadana sobre las denuncias de irregularidades en la inscripción de su candidatura para la pasada contienda electoral del 24 de marzo.
“Esta forma de negarse a rendirle cuentas a la primera Función del Estado es una de las causales más importantes para promover este juicio político”, comentó el asambleísta independiente Eliseo Azuero, uno de los integrantes de la Comisión legislativa.
Azuero también acusó a Tuárez de iniciar concentraciones “con el carácter político y divisionista”, lo que podría constar en el informe que este martes, 9 de julio, prevé aprobar esta Comisión.
El legislador sostuvo que este juicio político puede tener dos interpelantes, si el CAL califica la solicitud de Villamar y la Comisión de Fiscalización emite un informe para el Pleno.
El 8 de julio, el presidente del Parlamento, César Litardo, manifestó que la solicitud será analizada “a la brevedad posible por el CAL”.
Una eventual destitución de Tuárez depende de 71 votos de los asambleístas.
En el borrador de la resolución sobre este caso, que será debatido en la Comisión de Participación Ciudadana, además de impulsar un juicio político contra Tuárez se plantean otras acciones.
Entre esas, “continuar con el proceso de fiscalización y control político respecto a las múltiples denuncias en torno al accionar del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio y definitivo dentro del proceso electoral celebrado en marzo de 2019”.
A su vez, “hacer un llamado al Tribunal Contencioso Electoral a fin de que agote todos los recursos que la normativa contempla para determinar la existencia de infracciones en el proceso de calificación de candidatos al Cpccs”.
Tuárez, a quien la Iglesia Católica lo suspendió como sacerdote el año pasado, en declaraciones públicas se ha declarado como una víctima de “persecución política y linchamiento mediático”.
