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15 de diciembre de 2020 12:48

Entre el TCE y el CNE se sacan chispas

Arturo Cabrera es el presidente del TCE. Foto: Eduardo Terán/ ÚN

Arturo Cabrera es el presidente del TCE. Foto: Eduardo Terán/ ÚN

Andrés García (I)

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, lanzó dardos en contra de los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el incumplimiento de la sentencia sobre el movimiento Justicia Social, que pugna por inscribir la candidatura presidencial de Álvaro Noboa para el 2021.

El magistrado dijo que al parecer “los cinco vocales del CNE sufren de amnesia colectiva, que parece sospechosa”.

Aseguró que el CNE, en su conjunto, ha desacatado desde hace 44 días la sentencia que dispuso que Justicia Social siga en carrera electoral, tras recuperar su personería jurídica.

Señaló que la sentencia emitida el 30 de octubre y el auto resolutivo del 8 de diciembre pasados, establece una reivindicación, vía medidas de reparación, en término de equidad, tiempo y trámite para Justicia Social. “Al TCE no le interesa quién gane las elecciones, tiene una misión, garantizar derechos de participación y verificar la transparencia de los actos electorales”.

Cabrera defendió la legalidad de los fallos a favor de Justicia Social a través de una cronología sobre el caso. Recordó que el 19 de julio el CNE inició un proceso administrativo de revisión contra cuatro movimientos, entre ellos Justicia Social, tras una recomendación de Contraloría. El ente dispuso, como medida cautelar, la suspensión de los movimientos.

Sin embargo, dichas medidas fueron revocadas por el TCE el 14 de agosto y el fallo se ejecutó el 17 de ese mismo mes. “Por tanto, Justicia Social estuvo en condición de hacer primarias a partir del 18 de agosto”. Recordó que esa fase del calendario para los procesos de democracia interna duró entre el 9 y el 23 de agosto pasado.

En esa línea, dijo que en el TCE solo hay cuatro causas pendientes por resolver, y que tres de ellas se sustanciarían ayer mismo. Recordó que las sentencias del Tribunal son de última instancia, de obligatorio cumplimiento y que constituyen jurisprudencia.

“Las sentencias no pueden ser interpretadas al antojo o cumplidas parcialmente”. Agregó que el incumplimiento puede constituirse en un delito, en una infracción electoral y están sujetas a medidas administrativas que establece el Código de la Democracia.