Defensor público considera que falta independencia judicial
El defensor público, Ernesto Pazmiño, considera que el sistema de Justicia ecuatoriano actualmente no tiene independencia judicial. Mencionó que es necesario fortalecerlo para garantizar la imparcialidad de los juzgadores.
El pronunciamiento del funcionario se dio previo a una charla magistral que ofreció la mañana de este viernes 27 de octubre del 2017, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, en el norte de la ciudad.
Señaló que los jueces, los fiscales y los defensores públicos son los garantes de un juicio justo. Y para que eso se logre, el juez debe ser totalmente independiente. "Es decir, que ningún poder de afuera, ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo, puede insidir en sus decisiones. Pero tampoco internamente. ¿Qué significa esto?, que el presidente de una corte provincial de Justicia, no puede insidir en las decisiones de los jueces inferiores, mucho menos de la Corte Nacional", dijo Pazmiño.
A su criterio, el sistema judicial en el país ha avanzado en infraestructura y tecnología. Pero se debe consolidar una Justicia sin interferencias. "Una de las interferencias es el llamado error inexcusable que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial (...). Estoy de acuerdo que exista el error inexcusable pero como un mecanismo de control en vía jurisdiccional, es decir, si un juez comete un error inexcusable, es un juez de la misma función jurisdiccional superior el que determina que el juez inferior actuó ilegalmente apartándose de la ley, pero un juez superior", recalcó.
El 21 de agosto del 2017, un grupo de 40 exjueces destituidos de la Función Judicial, denunció que fueron cesados de sus funciones por supuestas presiones en la Justicia. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, fue convocado el 27 de septiembre a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional para que informe sobre las salidas de los exfuncionaros.
Ese mismo día, el grupo legislativo de Creo presentó una solicitud de juicio político contra Jalkh ante la Asamblea. Pero el Consejo de Administración Legislativa inadmitió el pedido el 4 de octubre.
En la comparecencia, el presidente de la Judicatura explicó que el error inexcusable precautela los derechos de los ciudadanos. Defendió que el Consejo como órgano disciplinario y por mandato de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial, está facultado para destituir a jueces que incurran en un error inexcusable.
Pazmiño discrepa con el criterio de Jalkh. Sostuvo que la Judicatura no puede valorar decisiones jurisdiccionales. "¿Qué genera esto?, genera un ambiente de terror, genera un ambiente de miedo, el juez no resuelve en base a lo que su conciencia o el proceso determina sino está pensando si le gustará o no la decisión a las autoridades administrativas y eso no es Justicia", dijo.
En su exposición ante la Comisión de Justicia, Jalkh explicó que no todos las sanciones contra jueces por error inexcusable terminan en sanción. Hasta esa fecha (27 de septiembRe), en el 2017 se habían registrado 360 denuncias contra jueces por error inexcusable. Mientras que en 2016 hubo 439 denuncias de este tipo. Cinco jueces de un total de 2 083 en el país, fueron destituidos por esta causa.
