Contraloría iniciará un examen especial al dinero público que manejó Alianza País
El dinero público que manejó el movimiento oficialista Alianza País durante seis años será auditado por la Contraloría General del Estado. La institución envió un oficio en el que informó sobre el inicio de un examen especial.
El periodo a analizarse será desde entre el 1 de enero del 2011 y el 30 de noviembre de 2017. El dinero sujeto a revisión es el que la organización política recibió, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del fondo partidario. Así consta en un memorándum que firmó Pablo Celi, titular de la Contraloría, el 11 de diciembre del 2017 y que fue dado a conocer hoy, jueves 14.
El tiempo del examen, incluido el informe final, es de 72 horas. El anuncio coincide con la pugna interna que se da al interior del movimiento oficialista en la que dos frentes se disputan su control.
La secretaria ejecutiva suspendida de AP, Gabriela Rivadeneira, señaló que todavía no se le ha entregado la notificación. Sin embargo, aclaró que el manejo económico se ha realizado con transparencia. Para ella es una cortina de humo de un sector de AP para “intentar quedarse con el movimiento”.
Este último año, AP recibió cerca de 1,3 millones por fondo partidario. El movimiento oficialista tiene tres sedes en Guayaquil, Cuenca y Quito. Los edificios en estas dos ciudades tienen hipotecas, según contó Rivadeneira. Además la organización tiene cinco vehículos (cuatro en funcionamiento) y mobiliario. Todo el patrimonio bordea –añadió- USD 1,8 millones.
Hay cerca de 40 personas que tienen relación de dependencia con el movimiento oficialista y se les paga por sus servicios. Rivadeneira señaló que se ha regularizado el trabajo de los colaboradores. Ella negó que haya recibido sueldo como Secretaria Ejecutiva.
Sin embargo, la organización tiene problemas económicos. En mayo de este año mantenía deudas de cerca de un millón de dólares. Según Rivadeneira, muchos de los rubros se acumularon por dificultad de pago ya que gran parte del dinero se destina a gasto institucional en el que consta el pago a los trabajadores y al mantenimiento de los inmuebles.
Otro problema es la disminución en los aportes voluntarios de los adherentes en un 90%. Por ejemplo, por este rubro, recibieron en mayo USD 250 000 y el último fue de USD 18 000. El monto de los aportes es de manejo privado de la organización y no es sujeto a examen de la Contraloría.
