¿Y ahora la consulta popular?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se tome medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Ellos deben ser reemplazados por un Consejo Transitorio y después por representantes escogidos en las urnas, tal como lo decidieron los ecuatorianos el pasado 4 de febrero en la pregunta tres del referendo.
En la solicitud de la CIDH se señala que, con la creación de un Consejo de Transición, se pone en riesgo el Estado democrático de derecho, el principio de separación de poderes y la independencia judicial. Según ellos, la consulta popular “no contó con control constitucional previo”.
A partir de la petición del organismo internacional, todo se puso ‘patas arriba’. El Gobierno cuestiona esta medida y la califica como un “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales”, según un comunicado.
En este documento también se enfatiza la legalidad de la consulta popular y referendo. Y por si acaso queden dudas, se reitera que el Gobierno defenderá su posición ante la Corte “con la certeza que ha actuado en estricto apego a la Constitución y la leyes”, dice la Cancillería.
María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pidió al embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Valencia, que regrese a Quito para analizar el tema.
Los ‘fieles’ defensores del no en la consulta popular no se hicieron esperar para pronunciarse ante las reacciones del Gobierno.
El mismísimo Rafael Correa escribió en Twitter: “El ‘comunicado’ de Cancillería defendiendo lo indefendible causa vergüenza ajena, y nos hace quedar en ridículo ante el mundo”.
Otros ‘tuiteros’ y conocedores en materia jurídica se ofrecieron como defensores del Estado ante la corte IDH para ‘salvar’ a la consulta popular.
El 28 de diciembre pasado tres consejeros enviaron una solicitud a la CIDH para presentar un requerimiento de medidas provisionales a su favor. Los miembros estaban nombrados para el período 2015-2020.
