CIDH pide medidas de protección para Jorge Glas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Ecuador que adopte medidas de protección para el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena por el caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, informó el 2 de enero del 2020 su abogado Fausto Jarrín.
La CIDH “nos acaba de conceder medidas cautelares a favor de Jorge Glas, la justicia a veces tarda pero siempre llega”, escribió Jarrín en su cuenta de Twitter.
El mensaje estaba acompañado de un extracto de la resolución en la que la Comisión solicita a Ecuador que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Glas, quien fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita.
Jarrín comentó a la AFP que la resolución “sugiere al país la conformación de una mesa de negociación” entre abogados, familia y entidades estatales a fin de buscar medidas para garantizar la seguridad del exvicepresidente.
La @CIDH @CorteIDH @ONU_es nos acaba de conceder medidas cautelares a favor de Jorge Glas, la justicia a veces tarda pero siempre llega!!! Siempre!!! pic.twitter.com/GTHHTMqkJj
— Fausto Jarrin Teran (@Sandinin) January 2, 2020
A través de la esa de negociación “podríamos pretender quizá hasta la posibilidad de un arresto domiciliario o con mucha seguridad un traslado de cárcel que le permite a Jorge Glas estar más cerca de los centros médicos de alto nivel que se encuentran en Quito”, expresó Jarrín.
Glas está detenido desde octubre del 2017. El exvicepresidente, quien fue el responsable de los sectores estratégicos de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple su condena en la cárcel de Cotopaxi.
Glas fue reelegido para el cargo en 2017 junto al mandatario Lenín Moreno, pero lo perdió en enero del 2018 por ausencia definitiva al estar preso por presuntamente recibir sobornos por USD 13,5 millones provenientes de Odebrecht.
Glas también está siendo procesado por peculado, delito que se sanciona con hasta 13 años de prisión y cuyas acciones son imprescriptibles, en otra causa que, según la Fiscalía, ocasionó perjuicios al Estado por unos USD 28 millones por irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero.
