El caso Romo, sin culpables
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, presidido por el juez Wilson Caiza, confirmó el jueves, 23 de agosto del 2018, la inocencia de los cinco acusados del asesinato de David Romo.
Después de escuchar el anuncio, los imputados, sus abogados y sus familiares gritaron, se abrazaron y aplaudieron. Así expresaron su alegría, sobre todo cuando el Tribunal ordenó que se investigue a los policías y fiscales que participaron en el caso. En el proceso pasaron cinco fiscales “y todos deben ser investigados”, señalaron los magistrados.
Israel Moreno, uno de los abogados de los procesados, afirmó que tomará acciones legales contra los funcionarios judiciales y policiales.
Alexandra Córdova, madre del joven, quien desapareció en mayo del 2013, también se pronunció tras el fallo del Tribunal. “Esto era un sainete, se equivocó el juez, no solo los policías y fiscales (deben ser investigados), sino todas las autoridades”.
Las audiencias empezaron el 6 de agosto pasado. La Fiscalía presentó 41 testigos para probar el supuesto asesinato del joven capitalino. La teoría de la Fiscalía era que el joven fue llevado a una clínica de rehabilitación de drogas clandestina, en el sector de La Pisulí, en Quito. Y que allí habría sido asesinado y descuartizado. Luego sus restos habrían sido trasladados a una casa en Ponceano, en donde fueron incinerados.
Jesús López, abogado de otro procesado, aseguró que el policía encargado de la investigación habría ejercido coacción para lograr que su cliente se implicara en el presunto crimen.
Para Milton Castillo, abogado de la familia Romo, la investigación tuvo “muchas irregularidades”. Por ejemplo, el jurista recordó que durante el juicio la madre del muchacho recibió llamadas anónimas en las que supuestamente se revelaba la ubicación del cuerpo del joven. En medio del juicio se realizó el allanamiento de unos terrenos en Carcelén.
“Es contradictorio que se haya realizado esa búsqueda, mientras que durante el juicio la Fiscalía sostuvo que David fue incinerado”.
La Fiscalía durante el juicio no presentó ninguna prueba de ADN ni rastros orgánicos sobre la muerte del joven. Para los jueces las evidencias de los investigadores no demostraban que hubo tal asesinato.
