Cinco años de penitencia para el cura Tuárez
Un Tribunal sentenció a cinco años de cárcel al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, el cura José Carlos Tuárez.
Él fue acusado por asociación ilícita para ofertar cargos públicos.
El fiscal que lleva este caso, César Suárez, sostuvo que hay pruebas contundentes sobre la oferta de cargos públicos. “No solo recibían dinero, sino también metales preciosos, como piedras, esmeraldas y hasta barras de oro”.
La abogada de Tuárez, Teresa Rivas, negó lo dicho por el fiscal e insistió en que su defendido es inocente y que no se ha podido demostrar nada. “Han indicado que existen piedras preciosas y dinero. Pero al momento de preguntar a los peritos si las evidencias fueron encontradas en el celular de mi defendido han dicho que no”.
La jurista adelantó que recurrirá a instancias internacionales para que se conozca el detalle de este expediente judicial.
En un hotel
Según las indagaciones, los procesados que ofertaron cargos públicos alquilaron una habitación en un hotel de Quito y allí pusieron en marcha su operación. Los agentes dijeron que los interesados en los puestos eran contactados a través de llamadas telefónicas e instruidos para que en día y hora específicos llegaran al hotel y entregaran dinero en efectivo.
El día en que Tuárez y otros procesados fueron detenidos, la Fiscalía indicó que pedían hasta USD 20 millones por un cargo en la Aduana o en la Dirección de Aviación Civil.
De las evidencias recogidas, la Fiscalía sabe que los interesados entraban con el dinero en maletas y debían esperar instrucciones a través de mensajes de texto o llamadas a los celulares.
El expediente se remonta al 28 de noviembre del 2019, cuando fueron detenidas 33 personas en un operativo en seis provincias, al que lo llamaron Emperador. En el expediente se señala a Tuárez y a otros imputados.
La Fiscalía también presentó peritajes de audios en los que se identificaría la voz de Tuárez.
Destituido
Tuárez fue destituido como presidente del Cpccs el 18 de agosto del año pasado, junto con los consejeros Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez.
Una de las principales causas fue que ellos, el 10 de julio del 2019, conformaron una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucional, contraria a un dictamen de este tribunal que blindó las resoluciones del Consejo de Participación transitorio.
La destitución se dio con 84 votos a favor, de entre 124 asambleístas. En esa ocasión, legisladores de la Revolución Ciudadana abandonaron el Pleno del Legislativo cargando un féretro de cartón y una pancarta con la frase “sepultureros de la Constitución y de la voluntad del pueblo”.
La sentencia.
La reciente sentencia contra Tuárez es de primera instancia. Seguramente se vendrá una apelación de la defensa al fallo que subirá a revisión de un nuevo tribunal superior.
