‘Pilas’ con el cambio de recinto
Las próximas elecciones seccionales están programadas para el 24 de marzo del 2019. Ahí se escogerán a las autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Aproximadamente 13 millones de votantes se darán cita ese domingo en los recintos electorales que queden ‘cerquita’ de sus casas; por lo que hay que estar ‘pilas’ con el de cambio de domicilio electoral.
Los ciudadanos mayores de 16 años que gocen de sus derechos políticos y que deseen realizar el trámite necesitan el original de la cédula de identidad o pasaporte, original o copia del recibo de un servicio básico como luz, agua o teléfono. Además, hay que estar al día con las multas porque, en caso de no tener el último certificado de votación, hay que llevar el pago de la penalización por no haberse presentado el pasado 4 de febrero en las urnas. Estas multas pueden pagarse desde el próximo 8 de junio.
Los que viven en Galápagos también tienen que presentar el carné de residencia temporal o permanente. Para quienes residen en el extranjero solo necesitan llevar la cédula y presentarse en una oficina consular.
Una vez que tenga todos los papeles en mano deben acercarse a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que esté más ‘cerquita’ de su domicilio. Por ejemplo, en Pichincha las oficinas están en Quito, en la Calle Iñaquito N° 35-227 e Ignacio San María. No se necesita ni un ‘centavito’ para hacer el trámite personal.
Además el ente electoral ha instalado brigadas móviles en los cantones para facilitar el proceso.
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 65, excluyendo a los militares, personas con discapacidad y ecuatorianos que residen en el exterior.
Por eso, quienes se cambiaron de ‘casita’ tienen hasta el 28 de septiembre para registrarse si quieren estar habilitados para elegir a las nuevas autoridades. Caso contrario deberían prepararse para viajar al recinto electoral donde acostumbraban votar, o pagar el 10% de la remuneración básica unificada por no sufragar. La multa asciende al 15% si los ciudadanos salen como miembros de las Juntas Receptoras del Voto y no se presentan.
