Asamblea Nacional aprueba juicio político a contralor
La Asamblea Nacional aprobó, este martes 6 de junio del 2017, un conjunto de acciones inmediatas para prevenir y combatir la corrupción, entre las que se incluyen la denominada "muerte civil", un juicio político al contralor, Carlos Pólit, y el pedido de expulsión de la constructora brasileña Odebrecht.
Con 106 votos a favor, de un total de 128 legisladores presentes en el Pleno, la Asamblea aprobó una moción presentada por Alianza País para ejecutar acciones inmediatas contra la corrupción, en medio de un duro debate con la oposición sobre las consecuencias del caso de sobornos en el país por parte de la firma Odebrecht.
El Legislativo decidió formar una delegación con representantes de los distintos grupos parlamentarios, incluidos de la oposición, que se trasladará a Estados Unidos y Brasil para recabar información sobre esa presunta trama de corrupción.
Además, el pleno aprobó iniciar los trámites para convocar a un juicio político al contralor Pólit, salpicado por el caso Odebrecht y quien se encuentra fuera del país por razones médicas, según dijo su abogado.
Asimismo, la Asamblea convocó de manera inmediata al fiscal general del Estado, Carlos Baca, que ayer viajó a Brasil nuevamente, para que comparezca ante la Comisión legislativa de Fiscalización, y explique sobre el avance de las investigaciones.
Los asambleístas demandaron una mayor celeridad en la investigación y en el inicio de los procesos contra todas las personas, públicas o privadas, que se vieran vinculadas en actos de corrupción desde el año 1987 y en todos los niveles de gobierno.
El Parlamento exigió la "reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht" y luego proceder a su expulsión.
Dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparezca a la Comisión de Fiscalización para que informe sobre el proceso de designación de Pólit como contralor y de las acciones que ha realizado para combatir la corrupción.
Los asambleístas demandaron que se den por terminados los contratos que el Estado mantenga con Odebrecht y que no se vuelva a contratar ningún proyecto con esta empresa.
También resolvieron prohibir la contratación con empresas involucradas en actos ilícitos y crear incentivos para que la ciudadanía denuncie casos de corrupción.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que Odebrecht había pagado unos USD 788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en ese país, entre 2007 y 2016, la constructora pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios por más de USD 116 millones.
