El abandono del cargo de Jorge Glas se cumplirá el 2 de enero
Desde el 2 de octubre pasado el vicepresidente Jorge Glas ocupa una de las celdas de la cárcel 4, en Quito. Y esta tarde, 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia lo sentenció a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción Odebrecht.
Esta sentencia es de primera instancia; aún le quedan dos acciones legales: apelación y casación. La defensa de Glas tiene 72 horas para apelar el dictamen, según el Código Integral Penal.
En caso de que así suceda, el Vicepresidente no perderá su cargo, ya que para ello se requiere una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, que se haga efectivo el cumplimiento de la pena.
Sin embargo, ese 2 de octubre empezó a correr el plazo máximo de tres meses de ausencia temporal que pueden tener el Primer y Segundo Mandatario en sus cargos. Se cumplirá el 2 de enero próximo. Una de las causales de ausencia temporal, según la Constitución, es una “circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función”.
El abandono del cargo, una vez cumplido, debe ser comprobado por la Corte Constitucional (CC) y declarado por la Asamblea Nacional, con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes (91 legisladores).
Una vez que se dictó la orden de prisión preventiva, hace más de dos meses, el presidente Lenín Moreno encargó, por ello, la Vicepresidencia a la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, el 4 de octubre.
El encargo solo puede extenderse por ese mismo periodo de tres meses, después de lo cual, el presidente Moreno deberá remitir una terna al Legislativo para que escoja un reemplazo definitivo, con la mayoría de votos de sus integrantes.
En caso de que el Pleno no tratase el tema o no alcance una decisión, en 30 días la Vicepresidencia pasará a manos de quien haya liderado la terna del Ejecutivo.
Además, están pendientes en la Asamblea Nacional el tratamiento del juicio político en su contra, planteado por la oposición, el 8 de noviembre, y el trámite de la destitución que ordenó la Contraloría el 27 de octubre.
