Polémica por nuevo puente en San Rafael
En horas pico, un vehículo puede demorarse hasta una hora y media en movilizarse desde el Colegio Geovanny Farina hasta el redondel San Luis de San Rafael, en el Valle de los Chillos. La razón: el antiguo puente de la Av. San Luis se ha convertido en un embudo para el tránsito por su estrechez ya que data de hace 70 años.
Ante esa realidad, el Municipio de Rumiñahi inició hace cuatro años las gestiones para la construcción de un nuevo puente en esa vía, por la cual circulan 1 468 automotores cada hora. El alcalde Héctor Jácome Mantilla asegura que la prioridad es garantizar la movilidad y seguridad de los 120 000 habitantes de la zona.
La construcción tiene una longitud de 24,8 metros y un ancho de 18,6. Se levantará con hormigón armado y los trabajos durarán 150 días. La inversión es de USD 695 000. La obra ya está contratada e incluso la empresa constructora ya montó un campamento para comenzar las labores. Los concejales aprobaron el presupuesto para la ejecución de este proyecto a finales del 2017.
Sin embargo, la construcción genera polémica ya que se requiere la expropiación de siete predios, ubicados junto al antiguo puente y, por eso, los trabajos todavía no comienzan. "Mi casita vale más". "Alcalde no nos bote, somos viejitos". "¡No al desalojo injusto!". Esos son los mensajes de los carteles que fueron pegados en una casa esquinera ubicada en la intersección de las avenidas San Luis y General Enríquez, frente al Parque del Sediento de San Rafael.
Los propietarios de esas propiedades se oponen al proceso de expropiación, iniciado por el Municipio de Rumiñahui, para la construcción del nuevo puente que cruza el río Santa Clara. Hoy por la mañana, los dueños de las casas se reunieron con el alcalde por más de dos horas y quedaron en que continuarán con el diálogo para encontrar una salida. Argumentan que la obra afecta también a dos mujeres adultas mayores, de 70 y 90 años, y no tienen otro lugar en donde vivir.
Javier Sanguano es el representante de esas familias. Dice que el bajo precio que pretende el Municipio pagarles no corresponde al valor de las propiedades. “Vinieron a entregar la notificación de utilidad pública de estas casas con precios ceñidos al catastro que, como se sabe, no refleja un verdadero valor comercial. El avalúo no ha sido actualizado hace años. Ahora nos quieren pagar sumas bajísimas”.
También asegura que no hubo socialización y se les negó información para conocer los fines que se persiguen con el plan. Otra queja es que una casa esquinera del sector está inventariada como patrimonial y es uno de los predios a expropiar. “Se va a destruir el último vestigio de identidad del San Rafael de antaño”.
Ante esas aseveraciones, Jácome indica que se ha procedido legalmente en el proceso. Está preocupado porque las obras deben comenzar y aún no se supera el tema de las expropiaciones. Lo mismo asegura su asesor Esteban Freire.
En cuanto a los montos de los predios, Freire asegura que ese es el valor del bien avaluado por la Municipalidad y viene de años atrás. "Tenían unos valores de predios que pagaban el impuesto predial bajo. Si ellos pedían una revalorización, en el caso de que se hubiera dado, pagarían algo más alto y la casa valdrá un poco más. No es que nosotros dijimos que paguemos un valor muy bajo. El Municipio, a través de una ordenanza, establece los parámetros técnicos para determinar el valor de la propiedad. Se pagan los impuestos prediales y en base a eso se saca el valor".
Jácome añade que el Municipio arbitrariamente no puede fijar cualquier valor. Como el caso está judicializado, ellos deben recurrir ante un juez si no están de acuerdo, no a la Municipalidad. "Cometieron un tremendo error al manipular y ahora los políticos metieron mano en el asunto un año electoral".
Asimismo, ambos funcionarios aseguran que la casa esquinera ubicada en las avenidas San Luis y General Enríquez no es histórica. En ese sentido, se le pidió al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que determine si está inventariada y se verificó que no es parte del patrimonio cultural del cantón.
Jácome negó que con el puente se busque beneficiar a un centro comercial del sector. "Ese es un comentario de gente que ha sido un lastre para el país. La gente de esos movimiento políticos no ayudan a progresar".
Finalmente, en la Alcaldía se indicó que el objetivo es ayudar a las mujeres adultas mayores que viven allí y que poseen negocios de venta de comida para subsistir. Por ejemplo, facilitarles un albergue temporal. También se les buscó lugares para que trabajen, en el mercado El Turismo o la Plaza César Chiriboga.
Ayer, una de ellas negó que le haya ofrecido un puesto de trabajo en esos sitios. Valentina González, de 90 años, cuenta que comercializa café o tostado para sobrevivir. Está preocupada por su situación. "Hago cualquier tonterita en la puerta para comprar unas pastillitas. Ahora me mandan ¿a dónde me voy? Mi marido está muerto y me dejó la casa".
Los propietarios de las casas aseguran que no les han depositado el dinero correspondiente al valor de los inmuebles. No obstante, Freire indicó que "los montos ya están depositados".
Los montos a pagar varían entre USD 8 000 y 252 865. Josefina Lala, de 66 años, tiene una casa con locales comerciales que le generan ingresos por USD 800 mensuales. Dice que le van a dar USD 7 000 por la expropiación. "Con ese dinero, ¿dónde compro? ¿qué hago? ¿a dónde me voy? Con la cédula de mi esposo pueden comprobar si tenemos más propiedades, no las poseemos".
Como parte de los trabajos, los baños públicos ubicados en ese sitio ya fueron derrocados en esta semana. Ahora, la preocupación del alcalde es solucionar el tema con los dueños de las propiedades.
