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14 de mayo de 2018 07:02

Líder de grupo disidente chateaba con  policías

Una vigilia en la Plaza Granda, en Quito. Foto: Archivo / ÚN

Una vigilia en la Plaza Granda, en Quito. Foto: Archivo / ÚN

Redacción Últimas Noticias

La justicia va revelando poco a poco cómo el narcotraficante llamado ‘Guacho’ mantenía contactos con los policías que trabajaban en San Lorenzo. El sábado 12 de mayo, un jefe de la Policía dijo a Últimas Noticias que el uniformado con el que se mensajeaba este armado tenía el grado de Mayor. Pero el domingo 13 se conoció que también intercambiaba chats con otros dos coroneles de la Policía.

El contacto con uno de ellos comenzó en el 2017, cuando el uniformado llegó a esa población fronteriza.  Las investigaciones dicen que ese oficial nunca comunicó del hecho y fue trasladado a otra plaza como parte de los movimientos internos. Pero el teléfono, con los mensajes cargados, era institucional y fue entregado a otro coronel que llegó al sitio.

Este segundo coronel también siguió con el chat. Sin embargo, tras los hechos violentos que se desataron desde el 27 de enero, el policía se comunicó con Inteligencia y comenzó a entregar los datos que había en el teléfono.

En los mensajes revisados por los investigadores, ‘Guacho’ habla con uno de los oficiales y le dice: “Estaba esperando tu llamada. La próxima semana me voy a reunir con otros coroneles”.

Esta y otra información fue usada en la audiencia del lunes 7 de mayo, en donde los jueces de la provincia de Esmeraldas vincularon a ‘Guacho’ dentro del proceso abierto por terrorismo.

Este caso se inició luego de que la red delictiva de este disidente tratara de tumbar una torre de energía en Viche, el pasado 4 de abril.

Los familiares de los tres trabajadores de este Diario dicen que es necesario aclarar todo. Por eso piden que les entreguen datos incluso antes del día del plagio.

El presidente Lenín Moreno les ha llamado a la Presidencia de la República a las 18:00 de este lunes 14 de mayo, para entregar la información desclasificada de qué hizo el Estado durante el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, de Paúl Rivas y de Efraín Segarra.