La fiscal subrogante abre indagación a su jefe
La fiscal subrogante Thania Moreno dispuso la apertura de una indagación previa (investigación reservada) en contra del fiscal general, Carlos Baca Mancheno, por posible peculado. El expediente se activó con base en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.
El organismo de control analizó la etapa de Baca al frente de la Comisión 30-S, que investigó la sublevación policial del 2010.
Según la Contraloría, Baca y otros dos miembros de la Comisión cobraron dinero por su trabajo, pese a que sus tareas debían ser sin fines de lucro.
Como diligencias iniciales, la fiscal Moreno dispuso que un capitán de Policía investigue estos hechos y entregue un primer informe en un plazo de 20 días.
También pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia que remita copias certificadas sobre los pagos especiales que hizo la entidad entre septiembre del 2013 y marzo del 2014.
Moreno, además, solicitó a la Contraloría que certifique si emitió el informe con indicios de responsabilidad penal contra Baca y los otros dos funcionarios.
El lunes, Baca habló de este tema. “Yo no conozco respecto de ese informe o supuesto informe al que se hace referencia”, aseguró.
El funcionario también señaló que le sorprende que estas aseveraciones se hayan difundido a pocas horas de que se instale la audiencia preparatoria de juicio en contra el excontralor Carlos Pólit, sobre el cual la Fiscalía ha demostrado que recibió USD 10,1 millones en coimas de la empresa Odebrecht.
Pólit, hoy prófugo en Miami, fue quien emitió, en el 2016, el informe con indicios de responsabilidad penal, cuando aún dirigía el organismo de control.
Según los primeros datos, se conoce que el informe fue suscrito el 23 de diciembre del 2016 contra Baca detectando un supuesto delito de peculado por sueldos y pagos hechos por la Senain. La Comisión, integrada por tres personas, entre estos Baca, presuntamente recibió pagos por un valor parcial de USD 84 285.
El informe de la Contraloría establecería un valor total de USD 206 889 como perjuicio.
El exasambleísta Andrés Páez y el sindicalista petrolero Fernando Villavicencio denunciaron estos hechos ante la fiscal Moreno, quien inició la investigación previa.
Baca acudió ayer a la Asamblea para entregar su rendición de cuentas. Allí dijo que “el país requiere herramientas para combatir la corrupción”.
El pasado 20 de diciembre, el Fiscal General presentó un grupo de reformas para que los bienes de origen ilegal pasen al Estado.
