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14 de noviembre de 2017 14:37

Dirigencia de Alianza País en pugna por sanciones a nueve militantes

Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de calificó a la sanción de ilgegal. “La destitución (de Verduga) sigue en pie y toda decisión que puedan tomar no solamente es ilegal, sino es ilegitima, antiética”. Foto: Galo Paguay / ÚN

Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de calificó a la sanción de ilgegal. “La destitución (de Verduga) sigue en pie y toda decisión que puedan tomar no solamente es ilegal, sino es ilegitima, antiética”. Foto: Galo Paguay / ÚN

Diego Puente

Los dos frentes del movimiento oficialista de Alianza País (AP) nuevamente se enfrentan por la sanción en contra de nueve adherentes. Estos últimos desconocen la decisión del comité de ética liderado por Mery Verduga; mientras que el otro grupo reconoce las decisiones tomadas por la actual dirigencia.

Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de calificó a la sanción de ilgegal. “La destitución (de Verduga) sigue en pie y toda decisión que puedan tomar no solamente es ilegal, sino es ilegitima, antiética”.

Juan Cristóbal Lloret asambleísta y director de AP en Azuay, se pronunció en la misma línea. Para él hubo incumplimiento de Verduga, porque no resolvió ningún caso disciplinario durante los cerca de cinco meses que ha estado al frente.

Por otro lado, se encuentran los legisladores de AP que piden no desinstitucioanlizar a la organización y reconocer las decisiones de sus legítimas autoridades.

El también azuayo Esteban Albornoz respeta las decisiones de la comisión de ética presidida por Verduga. Lo mismo señala la coordinadora del bloque oficialista Ximena Peña. Para ella la directiva reconocida es la que está registrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que constan Lenín Moreno como presidente nacional del movimiento y Mery Verduga como la coordinadora de la comisión de ética.

Estas reacciones se dieron luego de que la comisión de ética reunida en Santo Domingo de los Tsáchilas resolvió sancionar con la privación de los derechos políticos durante seis meses a nueve adherentes por no haber presentado, a ese organismo, los elementos que usaron para destituir a Moreno como presidente de AP.